El pasado mes de mayo de 2021, el Foro de Psicología y Psicoterapias Humanistas dirigió una carta al Defensor del Pueblo a través de su presidenta, Rosa Velasco -integrante del Instituto de Interacción-, y su secretaria, Amaia Mauriz.

El Foro de Psicología y Psicoterapias Humanistas integra a unos 5.000 profesionales de la Salud Mental y representa a cinco asociaciones: Asociación Laureano Cuesta -cuya presidenta es Rosa Velasco-, Asociación de Psicoterapia Integradora Humanista (APIH), Asociación de Terapia Gestalt (AETG), Asociación de Profesionales Humanistas de Psicoterapia y Counseling de España (APPHICE) y Asociación Internacional de Psicoterapia Integrativa (IIPA).

Con esta carta se busca informar y solicitar la intervención del Defensor del Pueblo ante la indefensión en la que se encuentran algunos de los modelos psicoterapéuticos integrados en la Psicología Humanista -una de las cinco corrientes validadas por la American Psychological Association (APA)-, al haber aparecido en un listado calificados como pseudoterapias o posibles pseudoterapias. El problema surgió el 14 de noviembre de 2018 con la publicación del “Plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias” presentado por parte de los Ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y aunque al final del documento se recoge que no se trata de un trabajo cerrado sino que está abierto a las aportaciones del movimiento asociativo, en enero de 2019 -y dentro del plazo marcado- nuestras asociaciones presentaron importantes alegaciones señalando la cientificidad de nuestros modelos sin haber obtenido solución hasta la fecha.

Con esta solicitud se insta al Defensor del Pueblo a que intervenga para defender los derechos legítimos de los representados en la Asociación Laureano Cuesta y demás miembros de este Foro de Psicología y Psicoterapias Humanistas, ante la discriminación gubernamental sufrida por sus líneas de abordaje profesional arbitrariamente calificadas de pseudoterapias o posibles pseudoterapias. Las asociaciones reclamantes consideramos que se nos ha calificado como tales sin evaluar las bases académicas en que se sustentan nuestros enfoques, se han ignorado las investigaciones cualitativas que nos avalan y no se ha tenido suficientemente en cuenta la complejidad del criterio de validez y eficacia de las psicoterapias, ya que las variables del cambio psicológico y la efectividad de la psicoterapia son asuntos complejos. No olvidemos que en esta misma línea la APA considera que la metodología para investigar la validez y la eficacia de las psicoterapias difícilmente puede ser estudiada con los criterios de las investigaciones basadas en la evidencia, sino más bien en estudios transdiagnóstico.

En el documento presentado se expone que se considera necesario que se restaure la imagen gravemente dañada por la Administración del Estado tanto de los numerosos profesionales de la salud mental agraviados, como de los alumn@s de máster y formación de posgrado que se ven desalentados en su búsqueda de conocimiento, así como de los pacientes atendidos en las consultas y programas de atención psicológica y psicoterapéutica, que junto con su dolencia se encuentran con tener que solventar una duda innecesaria que no favorece la implicación en el tratamiento.

Ante la ausencia de una solución efectiva a nuestras reiteradas reclamaciones a la Administración (se han remitido varias cartas y alegaciones por escrito), se demanda al Defensor del Pueblo una entrevista y su posterior intervención, para que haga cesar los ataques al prestigio de los profesionales que ejercemos nuestra profesión dentro de unas líneas teóricas absolutamente acreditadas por los organismos internacionales de referencia científica en el ámbito de la psicoterapia y del propio Consejo General de la Psicología de España.